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Para algunas cosas disponemos de un talento natural; otras hay que aprenderlas. Algunas cosas, sencillamente, somos incapaces de hacerlas. - Sidney Lumet

Modificación de la ley de contratos públicos y cumplimiento ley discapacidad

Modificación de la ley de contratos públicos y cumplimiento ley discapacidad / “Medidas Alternativas.

El próximo 9 de marzo entran en vigor  la Ley de Contratos Públicos que establece el procedimiento a seguir para la contratación con las Administraciones Públicas, esta Ley de carácter general modifica diferentes normas entre las que se encuentra la LRJSP (40/2015) y La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (RDLeg 1/2013).

En este contexto estamos recibiendo diferentes consultas del tejido empresarial en relación a las licitaciones públicas, y las empresas se plantean si estas modificaciones afectan al cumplimiento de la cuota de reserva a través de las medidas alternativas.

Por ello, Fundación Alares ha realizado unas reflexiones al respecto:

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos Públicos (LCP) prohíbe la contratación con entidades públicas a aquellas “personas” (jurídicas) que no cumplan “el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el  texto  refundido  de  la  Ley  General  de  derechos  de  las  personas  con  discapacidad  y  de  su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen”.(Art. 71.1.d)

Se plantea la duda de si esa prohibición conlleva que las empresas adjudicatarias de un concurso público  tengan  que  cumplir  con tal  requisito  exclusivamente  mediante  la  contratación  directa  de personas  con discapacidad,  o  bien  resulta  posible  hacerlo  mediante  la  aplicación  de  medidas alternativas.

A  la  vista  de  las  razones  que  se  relacionan  a  continuación,  la  conclusión  es  que no  ha cambiado respecto a la regulación actual, vigente hasta el 8 de marzo y, por tanto, una   empresa   adjudicataria   podrá   cumplir    tal    requisito    bien    mediante   la contratación directa o bien mediante el recurso a medidas alternativas.

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