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Si se recurre al talento es que falta la imaginación. - Georges Braque

Catalá reclama la vuelta a la legalidad en Cataluña para recuperar la estabilidad y la certidumbre económica

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reclamado al Gobierno catalán la vuelta a la ley y al Estado de derecho en el marco de la legalidad de la Constitución como único medio para acabar con la “incertidumbre, inestabilidad y miedo” que están afectando profundamente a la economía de esa comunidad.

Rafael Catalá ha propuesto “practicar el diálogo, no exigirlo, en el marco de la legalidad, de la Constitución y en el Congreso de los Diputados, donde mejor puede hacerse en una democracia”.

En su intervención en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, el titular de Justicia ha subrayado la necesidad de reforzar el ordenamiento jurídico como pieza clave del desarrollo económico y progreso social que aporta ventajas competitivas a la propia sociedad y sus ciudadanos. Frente a esa idea, ha advertido que el mensaje de ilegalidad lanzado desde algunas instancias de Cataluña se está traduciendo “en grandes perjuicios económicos”.

Como ejemplo de esa realidad, se ha referido a las alertas de recesión lanzadas por parte de las agencias de rating, así como a la fuga masiva de empresas de Cataluña o a la dramática disminución de reservas hoteleras en Barcelona. Son todos ellos indicadores, ha dicho, que inciden aún más en una situación económica marcada por la caída de las inversiones en un 10% durante el segundo trimestre del año en Cataluña frente al ascenso del 13% registrado en España.

En este encuentro informativo, el ministro ha recordado la necesidad de actuar de forma inmediata en la gran reforma estructural de la Justicia española, encauzada ya gracias al acuerdo unánime de las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados plasmado en un compromiso de Estrategia Nacional de Justicia.

Para Rafael Catalá, existen unas líneas de actuación muy precisas en las que trabajar, como son la dotación de mejores medios para los profesionales de la Justicia, la reforma del proceso penal para ajustarlo a las nuevas necesidades del siglo XXI, la mejora del proceso civil, la completa transformación digital del servicio, el aumento de la percepción del carácter independiente de la Justicia, su adaptación a las personas y la realidad social actual y el perfeccionamiento de un ordenamiento jurídico que proporcione estabilidad económica.

Respecto a los medios a disposición de la Justicia, el ministro ha resaltado el incremento en un 7,7% de los presupuestos de su departamento, así como el aumento del 86% en las cantidades destinadas a la mejora de infraestructuras, tecnologías y equipamientos. La creación de 16 nuevas plazas de magistrado en la segunda instancia penal, las 100 nuevas plazas de jueces y fiscales previstas para este mismo ejercicio y los 93 nuevos órganos y plazas judiciales recientemente aprobados en Consejo de Ministros son muestras del compromiso adoptado en este sentido por parte del Gobierno.

En relación con el proceso penal, Catalá se ha mostrado convencido de la necesidad de contar con nuevas reglas procesales que permitan más celeridad y eficacia en la persecución del delito, otorgando todo el protagonismo al juicio oral. Y en ese sentido, entiende que sería un importante paso que el peso de la investigación recayera en el Ministerio Fiscal, como ocurre en los países de nuestro entorno, contando con un juez de garantías.

El proceso civil puede alcanzar mayores cotas de rapidez, ha dicho el ministro, especialmente en el ámbito de las comunicaciones y notificaciones. De ahí, la necesidad de contar con las nuevas tecnologías para agilizar los trámites y facilitar el trabajo de todos los profesionales, generalizando la regulación de notificaciones y certificaciones electrónicas, lo que supondría el fin de las copias en papel.

Para conseguirlo, apuesta por completar el proceso de transformación digital de la Justicia, gracias al que se han realizado sustanciales avances y “se han llegado a realizar 300.000 comunicaciones electrónicas diarias”. Desde el Ministerio se han afrontado importantes inversiones que han supuesto, entre 2014 y 2017, la multiplicación por cuatro de las dotaciones presupuestarias en tecnología, así como diversas actuaciones para informatizar juzgados en toda España.

Entre las preocupaciones expresadas por el ministro se encuentra la mejora de la percepción ciudadana de la Justicia como un servicio independiente, profesional, abierto y transparente. Así como el empeño de colocar a la Justicia en un lugar cercano a la realidad social y eficaz frente a los problemas que esta plantea.

“Necesitamos una Justicia que cuide y proteja a quienes más lo necesitan”, ha señalado Catalá, quien se ha mostrado confiado en poder sacar adelante la reforma del Código Penal y su actual regulación de la omisión del deber de socorro en el ámbito de la seguridad vial. Asimismo, ha animado a explorar las medidas necesarias para reforzar la lucha contra la violencia de género y para ello, se ha comprometido a colaborar con el cumplimiento del Pacto de Estado suscrito por la mayoría de las fuerzas políticas en todo lo que atañe al Ministerio de Justicia.

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